El respeto de los plazos de declaración constituye un elemento central de la fiscalidad sucesoria española. Todo incumplimiento conlleva la aplicación automática de penalizaciones económicas.
Los modelos fiscales deben presentarse en un plazo de seis meses a contar desde la fecha del fallecimiento.
Superado el plazo legal, pueden aplicarse recargos, cuyo porcentaje aumenta en función de la duración del retraso.
Una falta de previsión adecuada de los plazos puede generar un sobrecoste fiscal significativo. Un análisis temprano del expediente permite valorar la posibilidad de una prórroga o de una declaración parcial.
El certificado de residencia fiscal es el documento oficial que permite acreditar que una persona es considerada residente fiscal en España durante un período determinado.
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Cuando un ciudadano francés fallece dejando un bien inmueble, herederos o intereses económicos en España, la sucesión implica necesariamente trámites específicos ante las autoridades españolas.
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Cuando un matrimonio está casado en gananciales, la calificación de un bien como privativo o ganancial puede tener consecuencias importantes, en particular en caso de herencia, separación o litigio patrimonial.
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